PROPUESTA DE 45 PARLAMENTARIOS PARA LA EDUCACIÓN:

LA PROPUESTA EDUCACIONAL QUE CHILE RECLAMA

COMPROMISO DE LA CONCERTACIÓN EN EDUCACIÓN

El país ha sido conmovido por un amplio y contundente movimiento ciudadano, reclamando por cambios de fondo en nuestro sistema educativo. Como oposición hemos escuchado esta demanda y entendemos que su motivación no se limita a la obtención de aportes financieros de corto plazo, ni a la realización de reformas legales que hagan cambios menores en la educación. Lo que ha expresado la movilización ciudadana es la aspiración a un cambio en las bases de la educación chilena y en los valores que la inspiran. Se pide un ordenamiento coherente con la definición de la educación como derecho y como bien público y, en consecuencia, un fortalecimiento del papel del Estado en su aseguramiento. Se demanda, además, una regulación que contenga la proliferación de la lógica de los negocios y del lucro en la educación y que revitalice el papel de la educación pública tanto a nivel escolar como superior. La fragilidad de la educación pública se ha transformado en el síntoma más visible de la débil presencia del Estado en la educación y revertirla es uno de los objetivos más anhelados por este movimiento ciudadano.

Las fuerzas políticas de oposición respaldamos estas demandas y declaramos nuestra voluntad de actuar decididamente para avanzar en su concreción. La falta de acuerdos en el mundo político para emprender reformas estructurales a nuestro sistema educacional ha permitido que el sistema actual se perpetúe. Es necesario ser autocríticos respecto de esto y asumir que faltaron definiciones y políticas que hubiesen permitido que la expansión del sistema educacional se hiciera sobre nuevas bases. Asumimos las carencias y vacíos que hemos mencionado y nos sumamos con otros para comprometernos, tanto con la generación de espacios de participación ciudadana como haciendo nuestras las principales demandas para la reforma al sistema de educación planteadas por el movimiento ciudadano.

Estamos convencidos de la necesidad de construir una propuesta que represente a esa enorme mayoría que quiere avanzar en nuevas bases para nuestro sistema educacional. Como fuerzas políticas de la Concertación avanzaremos en esa dirección y lo haremos dialogando con el mundo social. Con esa fuerza y esa legitimidad estableceremos metas ambiciosas para los próximos años y trabajaremos en su concreción en todos los frentes, partiendo por demandar al actual gobierno que oriente sus políticas y proyectos de acuerdo con estas definiciones. Queremos ir más allá. Esta agenda nos comprometerá por un periodo superior del actual mandato presidencial y será la carta de navegación que orientará las propuestas y compromisos de nuestros candidatos y autoridades de elección popular en todos los niveles de aquí al 2020.

Nuestras definiciones son las siguientes:

-La educación es un derecho humano esencial. Al Estado le corresponde asegurarlo para todos los ciudadanos y en ese objetivo se debe involucrar el conjunto de la sociedad y las familias.

-La educación en todos sus niveles, parvularia, básica, media y superior, es la base del desarrollo integral de la sociedad y debe considerarse como un bien público.

-La educación pública es un deber preferente del estado.

-La educación debe sustentarse sobre un consenso deocrático que dé cuenta de los valores fundamentales que inspiran a nuestra nación; su carácter democrático, universal, de acceso garantizado a todos, cuya administración y gestión sea inclusiva e incluyente. Sus definiciones estratégicas no pueden ser producto de la imposición de unos sobre otros sino que deben adoptarse democráticamente con la participación de toda la sociedad y, particularmente, de los actores del mundo educacional: estudiantes, profesores, padres de familia y trabajadores.

-Nuestro actual sistema educativo no cumple con los requisitos mencionados en los dos puntos anteriores.

-La responsabilidad del Estado, en lo que se refiere a la educación pública, está reducida al mínimo y la educación es tratada más como un bien privado que como un bien público que debe ser garantizado. A su vez, las bases del sistema educacional se adoptaron en un período dictatorial sin consulta a la ciudadanía y en democracia no ha habido la capacidad de redefinirlas y ponerlas en línea con las aspiraciones de los chilenos.

-La aspiración democrática de los chilenos de una mejor educación debe reflejarse en un conjunto integral de reformas, que incluya todo el sistema educativo.

-Con ese objetivo, convocamos a todos los sectores del país a lograr un Pacto Social y Político por la Educación Chilena. Proponemos para la discusión ciudadana que este Pacto se proponga el logro de los siguientes objetivos de aquí al 2020:

Primero: Reformar la Constitución para establecer el carácter de bien público de la educación, su importancia estratégica para el país y la obligación del Estado de garantizarla para todos los ciudadanos. Se debe fortalecer el derecho a la educación no sólo como una oportunidad de acceso sino también como una garantía de calidad que debe ser salvaguardada por el Estado. Debe reconocerse el carácter mixto del sistema educacional, de provisión y financiamiento público y privado, y el deber del Estado de apoyar sus distintas modalidades, garantizando que los recursos públicos no se desvíen a fines distintos de la educación. Es deber del estado garantizar el desarrollo de la educación pública, asegurando su financiamiento, su presencia en el territorio, su excelencia y su aporte a la superación de las desigualdades. Asimismo, debe entregarse garantía estatal a los derechos educativos de los pueblos indígenas, incorporando interculturalidad en el sistema educativo.

Segundo: Desarrollar un sistema nacional, autónomo y descentralizado, dependiente del estado, que reemplace el modelo de educación municipalizada. Esta nueva institucionalidad no puede consistir en un conjunto de modalidades dispersas sino en un sistema nacional y articulado, con gestión descentralizada y participación de las comunidades. Debe hacerse efectiva la responsabilidad del Estado en su desarrollo, a la vez que asegurar un estándar nacional de calidad, así como un aporte adicional de recursos que reconozca las mayores exigencias y deberes que se establecen para con los estudiantes,. Esto vale para todos los establecimientos públicos del país, independiente de la comuna en que se encuentren.

Tercero: Aplicar un nuevo régimen de trato para las universidades del Estado que garantice su financiamiento basal de forma sustentable para ponerlas en un estándar de excelencia y liderazgo. Ello debiera significar aumentar el financiamiento basal de las universidades estatales a un porcentaje que garantice su funcionamiento y desarrollo, lo que significa al menos duplicar el aporte actual, lo que debe ir acompañado de incentivos, compromisos de gestión con metas claras y de interés nacional y regional, así como de mecanismos de control que aseguren el mejoramiento de la calidad de estos planteles. Este esfuerzo debe realizarse sin debilitar el apoyo que el Estado le entrega a las universidades no estatales que reciben aportes fiscales directos,

Cuarto: Hacer cumplir la ley que prohíbe la realización de actividades lucrativas en el ámbito universitario. Ello requiere de una acción enérgica por parte de los poderes públicos fiscalizando la realización de negocios en las universidades y sancionando su existencia. Si se legisla en este ámbito, debe ser para fortalecer la legislación existente y no para debilitarla. En ningún caso debe permitirse que se sigan generando mecanismos que den acceso a fondos públicos a planteles que persiguen fines de lucro.

Sexto : Reformar el sistema de acceso a la educación superior estableciendo una selección equitativa que dé mayor preponderancia al rendimiento escolar en base al ranking o posición relativa de los estudiantes en su respectivo curso.. El 10% de los estudiantes de mejor logro escolar debe tener acceso a la universidad sin necesidad de rendir la PSU. Esto debe ser reforzado por un cambio, perfeccionamiento, y ampliación en la modalidad del Aporte Fiscal Indirecto, el que debe incluir a las instituciones que dan cabida a estudiantes destacados de liceos vulnerables y financiar de este modo procesos de nivelación y retención de dichos estudiantes.

Septimo: Nivelar y reformar el sistema de subvenciones escolares. Debe asegurarse un financiamiento basal para los establecimientos del estado que sea un piso para una educación de calidad, asignado según la matrícula. En el caso de la educación pública, los entes administradores tendrán un financiamiento propio que asegure la conformación de equipos profesionales de excelencia en todos los territorios. Asimismo, la subvención escolar debe ser calculada en base al costo real de funcionamiento de un establecimiento de calidad, considerando el nivel deseado de remuneraciones de los profesores. Además, habrá que considerar que, bajo la nueva institucionalidad pública que postulamos como necesaria y deseable, deberá modificarse el actual sistema de financiamiento proveniente de las municipalidades.

Octavo: Alcanzar una nueva carrera docente. Esta deberá enfatizar las posibilidades de desarrollo profesional de los profesores que trabajan en el aula, fortalecer la profesionalización y remuneración de los directivos, mejorar el sistema de perfeccionamiento e instaurar una prueba de habilitación para el ejercicio de la profesión la cual deberá ser aprobada por todos los egresados antes de iniciar su labor como docentes. Los planteles formadores de los profesores asumirán la responsabilidad de preparar y nivelar a sus egresados cuando la preparación que les han entregado no les permita superar los exámenes de habilitación. El sistema deberá alcanzar niveles de remuneración de los profesores equivalentes a las de las profesiones mejor remuneradas del sector público,

Noveno: Establecer un nuevo sistema de ayudas estudiantiles de educación superior que genere derechos garantizados para los jóvenes, equivalente a un AUGE de la educación superior. Se deberá avanzar hacia el establecimiento de un sistema único de becas y crédito fiscal para la educación superior, universitaria y no universitaria. Nos proponemos establecer un sistema que garantice gratuidad, a través de becas, al 60% de los sectores de menores ingresos que estudien en carreras universitarias, profesionales o técnicas, las que deberán estar debidamente acreditadas. En el caso del crédito solidario, se mantendrá la actual cobertura y condiciones. Respecto del Crédito con Aval del Estado, debiera ser rediseñado para alcanzar condiciones equivalentes a las del crédito solidario. Al mismo tiempo y para asegurar el incremento sostenido de la cobertura y la sustentabilidad financiera de este sistema, se debieran prever mecanismos eficaces para regular los valores de los aranceles de las carreras y/o programas que financiará el estado, de modo de evitar el endeudamiento adicional de los estudiantes y sus familias la ampliación de las oportunidades a todos los jóvenes de sectores de mayor vulnerabilidad y de clase media que posean mérito para acceder a este nivel educativo, asegurando no sólo su acceso a esas oportunidades educativas, sino también su permanencia y un egreso con las competencias indispensables para su buen desempeño profesional y/o académico

Décimo: Derogación de los artículos 56, 67 y 75 en sus letras e del DFL 2 del 2010, en el que se impide la participación de estudiantes y funcionarios en los espacios de tomas de decisiones dentro de las universidades, centros de formación e institutos técnicos.

Undecécimo: Creación de una Superintendencia de Educación Superior que actúe como agente de control y regulación de las distintas instituciones del sistema, asegurando transparencia en el uso de los recursos y fiscalizando que las universidades no se presten para actividades lucrativas.

Duodécimo: Refundar la Comisión de Acreditación mediante la creación de una agencia aseguradora de calidad de la educación superior, que establezca criterios más exigentes y menos burocráticos para la entrada de nuevas instituciones y que controle y asegure la oferta educativa y la calidad de las existentes. Se debe avanzar hacia la creación de nuevos indicadores de la calidad, que ahora no solo consideren las características de esta oferta educativa, sino también los resultados, entre los cuales son relevantes: las tasas de acceso de jóvenes meritorios pertenecientes a sectores vulnerables; las tasas de retención; las tasas de éxito oportuno, y; las competencias logradas por los jóvenes al egreso de esas instituciones, tal como ya se plantea en el caso de las carreras de pedagogía y medicina.

Décimotercero: Se debe crear una red de de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter público, especialmente en aquellas regiones donde no exista una oferta de privada de calidad, bajo la supervisión de la Superintendencia y la Agencia de Calidad de Educación Superior.

Décimocuarto: Retomar la prioridad e impulso de la educación parvularia y de la primera infancia. El freno que ha tenido la política en este sector es inexcusable. El logro de la plena cobertura de acuerdo a las metas de la Ley Chile Crece Contigo es la base de un sistema educativo y de atención a la infancia equitativo e integral.

Los firmantes de este Pacto Social y Político por la Educación Chilena entendemos que estas metas representan un salto cualitativo y cuantitativo en el esfuerzo que el país hace por la educación y estamos conscientes de los importantes recursos financieros que ello requiere. Por esa razón estamos dispuestos a avanzar en un nuevo pacto fiscal que dé lugar a una reforma tributaria. Con ello se debiera lograr una estructura impositiva más equitativa, con mayor aporte de los sectores más pudientes y que se traduzca en una mayor recaudación fiscal. Llamamos a todos los sectores del país a participar debatiendo y enriqueciendo estas ideas para avanzar sin más postergación a la gran reforma educacional que el país está reclamando.